El despacho está principalmente orientado hacia la defensa del particular en los litigios familiares: matrimonio o parejas de hecho, filiación, guardia y custodia, patrimonio…

María PIÑEIRO CID privilegia la búsqueda de un acuerdo amistoso cuando éste es posible o la proposición de una solución viable compatible con las costumbras de la familia en caso de divorcio conflictivo.

• Los padres deben asumir las consecuencias personales, financieras y patrimoniales de la separación.
• Los hijos deben aprender à vivir en un nuevo ámbito afectivo y, muy a menudo, material.

Los otros miembros de la familia deberán también confrontarse a los cambios, a veces echando una mano al cónyuge más desfavorecido, a veces soportando las consecuencias de la separación en sus propias relaciones con los hijos.

Incluso si cada situación es única, la vía del consenso ha demostrado ser la mejor solución para permitir a cada uno de los cónyuges de expresar sus propias reivindicaciones y mantener, a pesar de la separación, una relación fundada en el dialogo y la escucha que beneficie a los hijos comunes.

La evolución de la legislación francesa admite la negociación para encontrar acuerdos que permitan a la familia vivir durante el período de transición y después de la sentencia de divorcio.

Es desde este punto de mira que los abogados franceses comenzaron a interesarse por el derecho colaborativo.

El derecho colaborativo es un nuevo método alternativo de solución de conflictos nacido en la década de los 90 en los Estados Unidos.

Este modo de resolución de conflictos propone un método para encontrar una solución constructiva, a veces diferente de la preconizada o practicada habitualmente ante los tribunales, a cambio de una implicación importante de cada cónyuge en las fases de la negociación.

En la práctica las partes y sus abogados firman un contrato llamado “convenio colaborativo” comprometiéndose a no recurrir a los tribunales, salvo para ratificar un convenio regulador, y a dialogar de forma constructiva para encontrar una solución amistosa.

Después, cada parte establece con su abogado una lista de los desacuerdos que se manifiestan en la organización de la separación y cada uno de estos puntos es abordado en reuniones cuatripartitas.

Los abogados especializados en derecho colaborativo están sometidos a una doble deontología, la propia a la profesión de abogado, y la de la asociación de derecho colaborativo.

Por ejemplo, un abogado que asesora un cliente en el marco de un proceso colaborativo, se compromete a hacerse relevar del caso si alguna de las partes no respeta el “convenio colaborativo”.

Igualmente el abogado en derecho colaborativo ha recibido una formación en técnicas de negociación razonada y de escucha activa para acompañar más eficazmente su cliente en la búsqueda de una solución amistosa global.

El carácter específico del derecho colaborativo hace que sea particularmente interesante en los litigios internacionales para evitar los problemas de ejecución de sentencias conciliando varias legislaciones nacionales.

En derecho colaborativo de la familia se practica actualmente en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda… y se implanta progresivamente en Austria, Italia y Suiza.

En Francia la Asociación de expertos de derecho cooperativo, asociación de la que soy miembro, se creó en 2009.

Si desean tener más información sobre este tema:

www.droit-collaboratif.org

Atención: Los artículos y la información jurídica que figuran en español en esta página web son una simple traducción de los artículos en francés cuyo contenido refleja la legislación y jurisprudencia francesa. Para una consulta en derecho español le invitamos a contactar directamente con nosotros a través del formulario de contacto.

Esta solidaridad fiscal se traduce en una imposición común de las rentas, del patrimonio y los impuestos sobre bienes inmuebles.

El divorcio o la separación de hecho tienen también incidencias de carácter fiscal, a menudo más complejas que el matrimonio, en particular, a causa de las consecuencias del divorcio en sí mismo (fijación de pensiones de alimentos, pension compensatoria…) y del reparto de gananciales.

Tenida cuenta de estos elementos, es aconsejable para los cónyuges de examinar, previamente a todo procedimiento de separación o divorcio, la incidencia de sus demandas en materia fiscal.

En primer lugar, la autorización de residencia separada otorgada por una decisión judicial de no conciliación o por una sentencia de divorcio, implica el fin de la solidaridad fiscal y en consecuencia la imposición separada de cada cónyuge, materializada por el establecimiento de tres declaraciones sobre la renta el año del divorcio o la separación.

Puede ser interesante, en la medida de lo posible, y, en particular, en los divorcios de mutuo acuerdo, la obtención de una decisión en mitad de año, lo que permitiría, según el tipo impositivo de cada cónyuge, de beneficiar del carácter progresivo del IRPF.

No hay que olvidar que, en principio, los cónyuges siguen siendo solidarios de las deudas fiscales contraídas durante el matrimonio incluso después de la disolución.

Desde el 1 de enero de 2008 la Administración fiscal autoriza las solicitudes de dispensa de responsabilidad solidaria bajo ciertas condiciones.

La Administración fiscal pone así un término a situaciones a veces desesperadas dónde el cónyuge que seguía siendo solvente después del divorcio, debía liquidar sólo las deudas fiscales originadas durante el matrimonio por ambos cónyuges.

En segundo lugar, el divorcio implica a menudo modificaciones en la base imponible del contribuyente:

• En materia de pensiones de alimentos: El principio es el pago de una pensión de alimentos constituye un gasto reductible para el cónyuge que la paga y un rendimiento imponible para el que la recibe.

  Si este principio plantea pocos problemas cuando las pensiones toman la forma de una renta, la cuestión se complica cuando se trata de pensiones en especie como por ejemplo la puesta a disposición de un bien propio o el pago de una parte de los préstamos comunes.

  En efecto el carácter deducible de las pensiones pagadas en especies depende de la doctrina de la Administración fiscal y de la calificación jurídica adoptada por el Juez en la sentencia de divorcio.

• En materia de pensión compensatoria: La pensión compensatoria, destinada a compensar la disparidad que la ruptura del matrimonio causa en las condiciones de vida de los cónyuges, toma la forma de un capital que puede pagarse en un sólo ingreso, varios o mediante la atribución de derechos reales sobre bienes inmuebles.

  De manera extraordinaria la pensión compensatoria puede tomar la forma de una renta vitalicia.

  Según la modalidad de pago elegida, los efectos fiscales no serán los mismos ni para el acreedor ni para el deudor.

• En materia de reparto de gananciales: La dificultad esencial reside en el impuesto sobre la plusvalía en la venta de bienes inmuebles.

  Una exención es posible cuando el bien inmueble constituye la residencia principal del vendedor.

  Esta condición es a veces difícil de cumplir en presencia de un procedimiento de divorcio complejo puesto que a menudo uno de los cónyuges a cedido el domicilio conyugal al otro.

  En este caso es necesario poder justificar de ciertos elementos ante la Administración fiscal si se quiere beneficiar de la exención (motivación de la venta, fecha, evaluación del mercado de los bienes inmuebles…).

Es muy interesante para los cónyuges de tener en cuenta en el momento de comenzar un procedimiento de divorcio, las incidencias fiscales de la separación y optimizarlas al máximo.

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